El fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, afirma que contra la alumna de 15 años, que agredió a una profesora en Teror, “pudiera no hacerse nada si fuera un acto aislado y se tomarían medidas de carácter terapéutico”.

Garrido explicó que si hubiera sido un adulto quien cometiese este acto, calificado por la Fiscalía como un delito de atentado contra la autoridad, tendría una pena de uno a tres años de prisión. “Pero con los menores es distinto porque por encima de todo se pretende la reeducación más que la prima del principio legal”, afirmó.

Vicente Garrido, fiscal jefe de Canarias.

Por ello, “ante un hecho grave, pero aislado, se tomarían medidas de carácter terapéutico” y añadió Garrido que “incluso una medida impuesta, puede ser modificada de manera posterior si así lo aconsejan las circunstancias”.

La Fiscalía de Menores tomó este martes declaración a la profesora Esther Rodríguez, quien el pasado 29 de noviembre denunció judicialmente a una alumna del IES Teror, donde ejerce desde hace varios años, como supuesta autora de una agresión física y verbal. La fiscal instructora de los hechos también escuchó la versión de uno de los testigos decidiendo, finalmente, que la presunta agresión cometida por la alumna de quince años sería tipificada de acuerdo a un atentado contra la autoridad, según establece el artículo 550 del Código Penal.

Este artículo argumenta textualmente que “son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”,

La Fiscalía General dictó el pasado 25 de noviembre una instrucción de que todos los ataques a personal sanitario o docente en la Administración pública deben ser considerados como atentados, argumentó Garrido.